Ya no quedan presos mapuches en huelga de hambre. Los cuatro que mantenían su protesta desde hace sesenta días la dieron por concluida ayer, tras la decisión de la Corte Suprema chilena de anular parcialmente las condenas contra dos comuneros, dos días después del acuerdo con el Gobierno que puso fin a la huelga de hambre y sed de los otros cinco. La lucha por el reconocimiento de los derechos del pueblo y la devolución de sus tierras sigue, ante la terca indiferencia gubernamental.
Daniel Levinao Montoya, Paulino Levipán Coyán, Eric Montoya Montoya y Rodrigo Melinao Montoya, los cuatro presos mapuches que permanecían en huelga de hambre desde hace sesenta días en la cárcel de Angol, pusieron ayer fin a su larga protesta tras de lograr un triunfo parcial después de que la Corte Suprema anulara una condena de diez años de prisión contra los dos primeros, según informó la comunidad Wente Winkul Mapu a la que pertenecen. Dos días antes, otros cinco comuneros encarcelados en Temuco -Leonardo Quijón, Luis Marileo, Fernando Millacheo, Guido Bahamondes y Cristian Levinao- finalizaron la huelga de hambre y sed que mantenían desde hacía 22 días tras el compromiso de las autoridades de cumplir su demanda de traslado a Angol.
De poco más que para caldear los ánimos e indignar todavía más al pueblo mapuche sirvió que el presidente de Chile, el derechista Sebastián Piñera, justificara hace diez días las razones por las que los comuneros de Wente Wilcum Mapu y subrayara que ceder ante huelgas de hambre como la que han mantenido estos nueve prisioneros, «un mecanismo ni legítimo ni eficaz» sería «el fin del Estado de Derecho». De nada han servido tampoco los intentos de las autoridades de dividir a los huelguistas y acabar con su protesta.
Ayer, la Corte Suprema de Chile decidió anular en parte el juicio que en agosto condenó a Levinao y Levipán a diez años de prisión por el presunto delito de homicidio frustrado contra el general de Carabineros Iván Bezmalinovic, tras el ataque sufrido por un helicóptero de la institución que trasladaba, entre otros, al general en noviembre de 2011.
Los jueces, por unanimidad, decidieron anular la condena en el caso de Levinao, pero confirmaron la pena de 541 días de prisión por «porte y tenencia ilegal de armas de fuego» y señalaron también que se deberá ser sometido a un nuevo juicio oral para determinar su responsabilidad en el presunto delito de homicidio frustrado.
Levipán saldrá inmediatamente de la cárcel después de que la Corte rebajara de diez a tres años y 541 días la condena, que deberá cumplir de manera remitida sin privación de libertad, al haber cambiado el delito de homicidio frustrado por el de lesiones contra funcionarios policiales.
El martes de madrugada, Paulino Levipán y Eric Montoya tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital, el segundo de ellos tras perder la conciencia.
Esta ha sido la primera vez que la Justicia chilena ha admitido un recurso de nulidad a favor del pueblo mapuche.
Solo Levinao y Levipán habían sido condenados, mientras que Montoya y Melinao se encuentran a la espera de juicio.
Los cuatro comenzaron una huelga de hambre el 27 de agosto, tras la condena de los dos primeros, para denunciar irregularidades en sus detenciones y procesos judiciales en su contra. Exigían la anulación de las dos sentencias condenatorias, la revisión de las causas judiciales y que se revele el nombre de los testigos protegidos, cuya existencia contribuye, según denuncian, a «un montaje jurídico-político», así como el fin de la aplicación de la «Ley Antiterrorista» del dictador Augusto Pinochet, que solo se aplica a los mapuches. Además, reclamaban la «desmilitarización» del territorio mapuche, Ngulumapu, el cese de los allanamientos en sus comunidades y el trato vejatorio a sus familiares, la liberación de todos los presos políticos indígenas y el reconocimiento de los derechos de su pueblo y la devolución de sus tierras.
Dos días antes, los cinco huelguistas de hambre y sed de la cárcel de Temuco depusieron su protesta tras llegar a un acuerdo con las autoridades para su traslado -previsto para ayer- a la prisión de Angol, cumpliendo así con la legislación que establece que los prisioneros deben cumplir condena en centros penitenciarios cerca de sus familias, y poner fin,a sí, al trato que sus familiares y amigos recibían durante sus visitas. Llevaban 23 días sin ingerir alimentos y seis sin tomar líquidos, por lo que su estado era bastante delicado. Ha sido su precaria salud la que les ha llevado a aceptar la propuesta del Gobierno, después de que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, que ejerció de mediadora, se ofreciera a ser garante de ese traslado.
Para Quijón es su segunda estancia en prisión. En su primera detención, siendo menor de edad, fue heridos de gravedad por la Policía, ingresado en prisión y absuelto dos veces tras ser juzgado en dos ocasiones por los mismos hechos. Al quedar en libertad, se convirtió en objeto de acoso y persecución por parte de agentes del Estado. Ahora está causado de la muerte de un agricultor, la misma causa por la que está detenido Marileo, quien siendo menor de edad también maltratado, perseguido y herido por la Policía, que le rompió la mandíbula. Se entregaron al saber que estaban siendo buscados, pero los testimonios los testimonios que les situaban en otros lugares no han evitado su encarcelamiento.
Un ejemplo más de la incansable persecución contra el pueblo mapuche, sobre todo de sus jóvenes, que han tomado el testigo de la lucha de sus ancestros por el reconocimiento de sus derechos y la devolución de las tierras que les han sido robadas.
Una lucha que se ha intensificado coincidiendo con la protesta en las cárceles de Angol y Temuco y por el fin del hostiga- miento contra la autoridad mapuche y werken (mensajero, en mapudungun, la lengua mapuche) de Temucuicui, Mijael Carbone Queipul, ahora en la clandestinidad, y el maltrato a niños y ancianos en sus comunidades.
