En 2010, 34 presos políticos mapuche sostuvieron una huelga de hambre superior a 80 días, que terminó con un acuerdo del gobierno chileno de no aplicar la Ley Antiterrorista en los juicios en su contra, sin embargo, hoy se mantiene su aplicación, así como el doble procesamiento civil y militar.
La Plataforma Civil por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche-Barcelona, expresa a la comunidad internacional su preocupación por la situación de los presos políticos mapuche, que actualmente están siendo juzgados en el Tribunal Oral de Cañete, en el sur de Chile.
A pesar de las discusiones parlamentarias generadas a partir de la huelga de hambre que realizaron 34 Presos Políticos Mapuche el año 2010, que tuvo una duración de más de 80 días, como medida de protesta por el uso de la ley antiterrorista en contra de los luchadores sociales mapuche y del doble procesamiento al que están siendo sometidos en la justicia civil y militar, constatamos que no se están cumpliendo las garantías de un juicio justo
en el proceso que hoy se está desarrollando hacia 17 de estos hermanos mapuche, 5 de los cuales están afectados por un doble procesamiento.
Los mapuche encarcelados siguen siendo juzgados bajo esta ley, heredera de la época de la dictadura, tan criticada por organismos de Naciones Unidas, tal como el Consejo de Derechos Humanos, del que Chile forma parte. Este Consejo ya ha exigido reiteradamente la no utilización de esta ley y su modificación bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
Los observadores internacionales que han asistido a este juicio han indicado que la aplicación de la Ley Antiterrorista en este caso ha implicado los siguientes hechos:
>> Se aplicó el Secreto de la Investigación durante gran parte del proceso, lo cual ha limitado el derecho a la defensa.
>> La prisión preventiva que se le ha aplicado a los 17 presos ha sido de un año y ocho meses, a la fecha.
>> Se constata la aberración jurídica que mantiene a 5 mapuche en doble proceso judicial, por los tribunales civil y militar.
>> Se constata que continúa la utilización de testigos sin rostro: a la fecha Fiscalía ha presentado a 36 personas que o son identificadas y cuyos testimonios no pueden comprobarse por parte de la defensa.
>> Se constata la exigencia de penas desproporcionadas por parte de la Fiscalía, que solicita entre 103 y 52 años de reclusión.
Estos hechos son evidencia del persistente trato discriminatorio hacia los mapuche en Chile. La persecución y constante criminalización de la protesta social mapuche, iniciada por los sucesivos Gobiernos de la Concertación de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet no han terminado con el Gobierno actual.
Manifestamos nuestro rotundo rechazo a estas prácticas judiciales que no corresponden a un país que aspira a la democracia y a la superación de la discriminación y exclusión social.
Denunciamos a la comunidad internacional este hecho, reflejo de las falencias en nuestro país en materia de derechos humanos, justicia y democracia.
Reiteramos nuestro compromiso con las demandas de justicia a los mapuche encarcelados, así como con la denuncia a la comunidad internacional de esta situación.
Hacemos un llamado a que se cumplan los estándares internacionales de DDHH en todos los juicios contra presos políticos mapuche.
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