Así lo anunciaron los voceros de los 17 comuneros detenidos en Cañete y procesados bajo esta polémica normativa por el ataque al fiscal Elgueta en 2008. Exigen la inhabilitación de dos jueces y el término de los testigos sin rostro en las audiencias. Los familiares aseguraron que para deponer la drástica medida, los mapuche sometidos a juicio oral exigen que el Gobierno los apoye en su petición de inhabilitación para dos jueces, Paola Schisano y Carlos Muñoz, quienes en enero pasado emitieron juicios contra algunos de los acusados, en la causa por robo de madera.
Los comuneros además exigen el término de los testigos sin rostro, los que comenzarían a declarar mañana en este proceso, así como recalificar como no terroristas ahora y no al término del juicio aquellos delitos por los que se les inculpa.
La idea de reanudar las movilizaciones la estarían evaluando los comuneros mapuche presos en la cárcel de Concepción, quienes aseguran que el gobierno no ha cumplido en nada con las promesas efectuadas para el fin de la huelga de hambre.
Juana Reimán, madre de uno de los presos políticos mapuche, afirmó que la decisión que tomarán los comuneros es inminente en vista de que se siguen utilizando a testigos sin rostro en los juicios en contra de los comuneros, como ocurrió en los últimos días en Cañete.
“Los testigos encubiertos siguen vigentes. La negociación con el Gobierno está mal. No se ha cumplido con todas las promesas y por eso quieren retomar la huelga. Ellos no son delincuentes ni terroristas. Ellos tienen familias y quedan botadas porque están condenados por crímenes que no han cometido”, dijo Reimán.
Desde la comunidad de Temucuicui, el werkén Jorge Huenchullán afirmó que las movilizaciones sólo se retomarían en Concepción, mientras que en otros penales del sur del país los comuneros se mantendrán en alerta, pues no ven avances en la promesa del Ejecutivo.
Huenchullán explica que en el caso de la recalificación de condena de delito terrorista a delito común “no se han materializado los compromisos. Aquí la situación puntual es que los hermanos pedían la recalificación de los delitos. El Ministerio Público tiene que cambiar las acusaciones, es decir, deberían ser procesados por delitos comunes y eso no se ha concretado”.
Desde el Gobierno, en tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se manifestó en desacuerdo con la idea: “Yo espero que nadie retome la huelga de hambre. La verdad es que todo lo que se ha comprometido se ha cumplido y, por lo mismo, siento que no hay ninguna razón. Tenemos que mirar hacia el futuro y hemos estado hablando muy bien con los pueblos originarios y me parece que tendremos muy buenas noticias en la materia”, comentó el secretario de Estado.
Más temprano, el arzobispo de Concepción y recientemente electo presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati, había advertido que los mapuche podrían retomar la medida, que él mismo intercedió para que depusieran los 34 comuneros que se mantuvieron en una prolongada huelga de hambre hasta octubre.
En esa ocasión, el Gobierno se comprometió a retirar los cargos de terrorismo que pesaban contra los detenidos. Sin embargo, la fiscalía se negó a hacerlo en el caso de la agresión al fiscal Elgueta. Asimismo, el Ejecutivo habría anunciado el término del uso de los testigos encubiertos y otras medidas que se toman en el marco de la aplicación de la actual Ley Antiterrorista.
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